La actividad de la Junta se hace más frenética a medida que se acercan las elecciones. No hay día que no anuncien en la prensa alguna subvención, alguna perspectiva de inauguración o el anuncio de alguna novedad que no le dará tiempo a llevar a cabo porque no llegarán a tiempo antes de las elecciones.
La Consejería de Agricultura acaba de anunciar la creación de un grupo de técnicos que estudie las medidas a tomar para vigilar la calidad del aceite.
No entiendo cómo hablan ahora de ese grupo de técnicos cuando en la ley del olivar, recientemente aprobada, se contempla la creación del Consejo Andaluz del Olivar. Salvo que ya se hayan dado cuenta que esa ley nace muerta y no tiene ningún futuro, no se entiende que pretendan crear grupos de trabajo que solapen los órganos que ellos mismos han aprobado y que ahora tienen bastante difícil poner en marcha. Parece que la Junta está preparando más organismos donde colocar a sus políticos para compensar la más que probable disminución de su presencia en las instituciones.
Las situación del sector se debe fundamentalmente a tres factores que son los que deberían tratar de corregir: Mejora del rendimiento de las explotaciones, persecución del fraude, y recuperación del consumo, que en los últimos años ha aumentado en el exterior pero ha disminuido en el interior, como medida para regular la oferta y la demanda.
El rendimiento de las explotaciones pasa por distinguir entre las de difícil mecanización por ser olivar de pendiente y las que pueden mejorar su mecanización.
Para las primeras habrá que tener en cuenta el valor ecológico de estas plantaciones para arbritar medidas para que puedan desarrollarse.
Para las segundas sería necesario apoyar el agrupamiento de explotaciones que por su tamaño dejan de ser rentables, para llegar a explotaciones del tamaño mínimo para poder alcanzar el nivel de mecanización suficiente para ser competitivas. También habría que salvaguardar las garantías tanto de arrendatarios como arrendadores para llegar a explotaciones rentables. Con posterioridad habría que apostar por conseguir una mecanización idónea.
En cuanto al fraude está claro que es necesario cambiar la legislación vigente para adecuar los productos que salen al mercado a un alto nivel de calidad. Por otra parte sería conveniente estudiar las denominaciones vigentes para adaptarlas a las nuevas condiciones de producción. Hoy por hoy la denominación de "aceite de oliva" es algo que no se corresponde con lo que el sector debe ofrecer al consumidor para facilitar un consumo saludable.
Por otra parte se está gastando una ingente cantidad de dinero en promociones que no llegan al consumidor, como máximo se queda en los distribuidores. Sería conveniente hacer llegar al consumidor el carácter saludable del aceite de oliva virgen, y para ello es preciso una estrecha colaboración con las organizaciones del sector.
A todo esto la Consejería de Agricultura no deja de dar bandazos sin hacer un análisis previo de lo que necesita el sector y no rentabiliza el dinero que está invirtiendo en este sector de vital importancia para varias provincias andaluzas entre las que destaca la gran olvidada , JAÉN.
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